La Cannabis sativa es una hermosa planta con propiedades psicoactivas y medicinales, aunque también es conocida por su potencial alimenticio y textil. Sin embargo, típicamente se encasilla a la planta como una droga que representa un problema para la salud pública, por lo que sobre la Cannabis recae un prejuicio que hace que exista una prohibición absoluta en la Ley mexicana, que ha tratado de superarse destacando por separado, sus diferentes beneficios y propiedades.
El estatus jurídico de la planta parte de su clasificación como substancia psicotrópica y a partir de ello se le contempla como un insumo para la salud. No obstante, el que se reconozca a la cannabis como una sustancia con valor terapéutico no ha logrado desprender de su estatus jurídico, el estigma de la planta como un problema para la salud pública, a lo sumo, se le considera un problema mayor o menor con base en una cuestión de porcentajes.
En México, la Ley General de Salud en su artículo 194 bis, señala que por insumos para la salud debe entenderse, entre otros, a los medicamentos, substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan para su elaboración, mientras que los artículos 244 y 245 fracciones II y V, del mismo ordenamiento, señalan que se consideran substancias psicotrópicas, entre otras, a las que sean o contengan tetrahidrocannabinol (THC) en concentraciones mayores al 1% y a los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menores de THC.
Al mismo tiempo, el artículo 245 de la Ley señala que cuando la substancia contenga una concentración de THC mayor al 1% se considerará una substancia con valor terapéutico, que constituye un problema grave para la salud pública, y que cuando las sustancias contengan una concentración menor al 1% se considerarán de amplios usos terapéuticos y que constituyen un problema menor para la salud pública.
Pero, ¿con base en qué se justifica esta norma general de que la Cannabis sativa es un problema de salud pública? En un estigma social y cultural mas no en una consideración fundada o motivada en la Ley ni la ciencia.
